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HIDALGO  

Jornaleros botín de Enganchadores

Eduardo Velasco Perales
Miles de adultos y niños hidalguenses trabajan en ranchos del norte del país, en condiciones de explotación semejantes a las de comienzos del siglo XX. A su regreso, sólo los esperan más hambre y corrupción, pues las autoridades municipales y estatales no han creado empleos ni han frenado la avidez de los enganchadores

 

 

 


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Más de sesenta mil jornaleros habitan la región serrana y huasteca de Hidalgo. Siempre ha sido una zona pobre por el fracaso de las políticas públicas. Por ello, cada verano decenas de miles de trabajadores agrícolas emigran hacia los campos de cultivo del norte del país, ahí trabajan de sol a sol, explotados. El salario que reciben después de tres meses de labor, apenas salda la cuenta de su viaje. Ninguna autoridad hidalguense protege sus derechos durante su viaje de ida o retorno. De ninguna oficina de gobierno se les da la bienvenida. Nadie los quiere contar.

En el verano del 2004 un grupo de más de 200 jornaleros agrícolas de la huasteca hidalguense se concentró cerca del mercado municipal de Huejutla de Reyes. Amanecía igual que las ilusiones de cientos de familias que hacían fila para ocupar un buen lugar en el camión de redilas que los trasladaría, durante más de quince horas, a un rancho agrícola en San Luis Potosí.

Como esos jornaleros, son miles los hidalguenses que cíclicamente emigran desde sus rancherías hacia el norte del país en busca de tierras para trabajar y verduras qué cosechar. Los principales estados receptores de esa mano de obra son Colima, Nayarit, Baja California, Sinaloa y Chihuahua. Los jornaleros del sur y del centro conforman ese añejo fenómeno social que no figura en las estadísticas oficiales.

En Hidalgo, las zonas con más alto índice de pobreza y marginación son la huasteca y la sierra. Ahí han fracasado los programas estatales y federales de creación de empleos, el desarrollo social no llegó. De ese fracaso sólo se benefician los enganchadores, un grupo de personas que son el contacto entre los jornaleros y los dueños de los ranchos. Para ellos, la trata de personas es un negocio millonario.

Estos enganchadores o contratistas, se arreglan económicamente con los rancheros y son ellos quienes se encargan de conseguir a los jornaleros en las regiones más pobres del país. Al momento de la contratación, entregan al campesino quinientos pesos como enganche y les ofrecen que al final del contrato recibirán otra cantidad de acuerdo al número de días que trabajaron.

Ahí tiene lugar otra expresión de explotación y engaño por parte del enganchador. Desde el principio les resta a los jornaleros un porcentaje promedio de 50 por ciento de su jornal. Posteriormente, les descuenta otros porcentajes por cobro de alimentación, hospedaje y transporte, entre otros conceptos. Durante su estancia de varias semanas en el rancho, los trabajadores son obligados a comprar en tiendas de raya. Al final de su contrato de varios meses, los hidalguenses que viajaron cientos de kilómetros, reciben a cambio sumas inferiores a tres mil pesos.

Dentro de los ranchos, las vejaciones que sufren los trabajadores agrícolas llega al nivel de esclavitud. Son frecuentes las muertes por inhalación de plaguicidas, ya que no se les proporciona equipo de protección para las fumigaciones o no se les instruye para usarlo de manera adecuada. Asfixia por el hacinamiento en las habitaciones en que duermen, enfermedades ocasionadas por las sustancias tóxicas que manejan, heridas que no son atendidas oportunamente, pues no existe servicio médico.

Denuncias al archivo

En Hidalgo existen más de trescientas denuncias de jornaleros contra los enganchadores y propietarios de los ranchos. Sin embargo, funcionarios de primer nivel han admitido que esas denuncias están en los archivos del gobierno estatal, como Omar Fayad Meneses, quien reconoció el problema cuando trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), al inicio de la actual administración. Hoy, el municipio de Pachuca que gobierna Fayad, también exporta a numerosos trabajadores agrícolas.

En las denuncias ocultas en archivos, se detallan innumerables delitos cometidos en contra de las personas y patrimonio de los jornaleros. Esos expedientes establecen y documentan los graves problemas de salud que presentan los trabajadores al regresar a su estado: contagio por enfermedades venéreas, infectados de VIH, mutilaciones de extremidades o adicción a drogas por inducción.

También se reportan casos, como desaparición de personas, violaciones o golpes. Los archivos municipales guardan igualmente múltiples quejas contra el tráfico de menores y prostitución que han atestiguado los trabajadores agrícolas en su recorrido por el país.

Esas denuncias y quejas no son investigadas. Aunque la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia del Estado saben que existen, sus funcionarios argumentan que debido a 'lagunas en la ley' no se considera delito la trata de personas. Por eso, enganchadores y contratistas de personas siguen trasegando a miles de campesinos de la región huasteca por todo el país a cambio de ganancias millonarias.

Enganchadores en la mira

La Sedeso identificó a Margarito Monterrubio Hernández, como al líder de la lista de varios enganchadores entre quienes también figura su hermano José. Todos ellos residen en zonas indígenas, como Huejutla, Huautla, Jaltocan y San Felipe Orizatlán, y conocen perfectamente esas comunidades. Con la complicidad de las autoridades locales, personajes como los hermanos Monterrubio Hernández y otros más, realizan impunemente sus actividades ilícitas.

Margarito Monterrubio fue dirigente en la región del partido Verde Ecologista de México, desde ese cargo formó la asociación denominada “Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca de Hidalgo”, de la que se sirve para enganchar a los jornaleros, aseguran muchos de éstos.

Su amistad con el diputado local de esta región, Eugenio Segura Marroquín, y el otrora todopoderoso líder campesino de la huasteca, Bernabé Cruz, le ha permitido a Monterrubio Hernández extender sus redes de poder a todo el gobierno del estado. Por algunos meses fue funcionario de la Coordinación de Desarrollo Regional dependiente de la Secretaría de Planeación. Desde ese cargo, este líder de enganchadores pretende ascender en la política regional y buscar la candidatura a la diputación local y la presidencia municipal de Huejutla.

Ayuda demagógica

Existen actualmente en el estado cuatro centros construidos para atender a los jornaleros agrícolas de los municipios de Yahualica, Tlanchinol, Jaltocan y Huejutla. El objetivo de esos centros, denominados Unidades de Servicios Integrales (UDIS), es apoyar y capacitar a los jornaleros, además de proveerlos de asistencia médica y alimenticia. Con las UDIS, el gobierno estatal pretende detener a los enganchadores y regular esta actividad.

Sin embargo, a más de tres años de su construcción los centros permanecen cerrados, y los alimentos y fármacos ya caducaron y resultan inservibles. Entretanto, persiste la explotación de los jornaleros y siguen a merced de legiones de traficantes.

Federico Hernández Barros, actual secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, manifestó que conforme a un censo que realizó esa dependencia, existen en el estado más de 60 mil jornaleros que de manera cíclica emigran a los estados del norte. Al no encontrar trabajo en la entidad, son muy vulnerables para los enganchadores que los esperan como aves de rapiña.

Hernández Barros reconoció que atrás del negocio de enganchar jornaleros “existen grandes intereses que protegen a grandes figuras de organizaciones políticas y grupos de poder en la huasteca”, es más, agregó, “tanto en el gobierno estatal, federal y municipal existe el riesgo de que funcionarios públicos sean contaminados por los enganchadores debido a que es un negocio donde se mueve mucho dinero”.

Además el funcionario admitió que existe impotencia por parte de los diferentes niveles de gobierno cuando miles de jornaleros hidalguenses tienen que salir a otros estados. Ya no existe trabajo para ellos en Hidalgo porque no se tienen los recursos suficientes para abatir la pobreza y el rezago en que actualmente se encuentra esta región de la entidad.

La tierra de Daniel

Daniel San Juan Tolentino, niño indígena de la comunidad de Tlalchiyahualica, perteneciente al municipio de Yahualica, emprendía por segundo año consecutivo este viaje de verano. No iría de vacaciones como lo hacen millones de menores mexicanos. Daniel estaría lejos de su hogar por más de tres meses, realizando un trabajo duro hasta para los adultos: cosechando jitomate y otras verduras.

A sus doce años, Daniel San Juan tuvo que cambiar la escuela, los libros y el lápiz, por la pala y el azadón. Comenzó a trabajar muy pequeño, como miles de niños de la región que son hijos de jornaleros de la sierra y huasteca. Así lo hicieron por décadas sus padres y abuelos. Carentes de tierra propia para cultivar sus alimentos o de empleo en Hidalgo, su estado natal, enfilan su rumbo hacia campos de cultivo de los estados del norte del país.

Engañados por los traficantes de personas, adultos y niños aceptan sus condiciones. Los jornaleros enfrentan el hambre y la necesidad de ganar dinero para sobrevivir, por eso se dejan enganchar, explotar. Saben bien que ese viaje es un albur, como jugar en un casino, donde la casa nunca pierde; pero aun así se montan al autobús.

El viaje de los jornaleros entre los que va Daniel se prolongó más de lo estimado. Después de 18 horas de un recorrido agotador y ya entrada la noche, llegaron al rancho llamado “La Simiente”, en San Luis Potosí. Tan pronto entró el grupo de hidalguenses, se les asignaron unas galeras. Cada familia recibió una cobija y algunas piezas de cartón para dormir.

Hacinados, hombres, mujeres y niños buscaron un lugar para pasar la noche en lo que sería, por casi cien días, su nuevo hogar.

Al siguiente día, a las seis y media de la mañana fueron convocados para que comenzaran a trabajar. Papas hervidas y una pequeña porción de frijoles fue el desayuno. Rápidamente fueron instruidos de cómo debían cosechar las legumbres y verduras del campo.

Los niños realizarían otras tareas porque “sus manos son torpes y maltratan la mercancía”, se les dijo.

A Daniel San Juan le ordenaron excavar una zona de terreno. La obra era para evitar que las lluvias estropearan los cultivos. Sin embargo apenas una semana después de haber llegado al rancho, las lluvias arreciaron y cuando el niño realizaba su misión, la tierra le cayó encima y lo sepultó hasta asfixiarlo.

El pequeño de doce años, que deseaba ser maestro de escuela, perdió bajo tierra desconocida, sus ilusiones y esperanzas

 

 

Publicado: Año 1 / Octubre 2006 / No. 12



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